Protección Legal 360

Por Ronald Gamarra
Un despropósito mayor: juzgar a adolescentes como adultos
¿Queremos una sociedad que castiga más o una que comprende mejor?
Introducción
En el Perú, el debate sobre la justicia penal juvenil se ha intensificado ante la aprobación de la Ley 32330, que permite juzgar a adolescentes como adultos. Esta política, que va en contra de estándares internacionales, implica un retroceso en la protección de derechos específicos de los menores.
Este análisis explora las obligaciones del Estado, la legislación vigente y las consecuencias sociales y jurídicas de tratar a jóvenes infractores con un enfoque punitivo de adulto, desatendiendo su condición de desarrollo y necesidad de rehabilitación.
Obligaciones internacionales y derechos del niño en Perú
Convención sobre los Derechos del Niño
Perú ha ratificado esta convención, que define a todo menor de 18 años como niño, con derechos específicos que deben ser protegidos prioritariamente por el Estado.
Interés superior del niño
Principio rector que guía toda actuación estatal, garantizando el bienestar y protección integral de la infancia en leyes y políticas públicas.
Obligación de justicia penal juvenil
El Estado debe contar con un sistema especializado y diferenciado para adolescentes en conflicto con la ley, respetando sus derechos y promoviendo su rehabilitación.
Características de la justicia penal juvenil en Perú
Rango de aplicación
Aplica a adolescentes entre 14 y menos de 18 años, reconociendo su capacidad de culpabilidad con un desarrollo psicosocial en consideración.
Procedimiento diferenciado
Cuenta con un proceso propio que sustituye el enfoque punitivo tradicional por medidas orientadas a la reinserción social y justicia restitutiva.
Medidas y sanciones en la justicia juvenil
Privación de libertad
Permitida hasta por 10 años, con enfoque en rehabilitación y respeto a la dignidad del adolescente.
Medidas socioeducativas
Alternativas que promueven responsabilidad, reparación del daño y desarrollo personal para evitar la reincidencia.
Garantías procesales
Derecho a un juicio justo, defensa adecuada y atención a las circunstancias individuales del adolescente.
Impacto y problemas de la Ley 32330
Juzgamiento como adultos
Adolescentes de 16 y 17 años pueden ser procesados y sancionados con penas penales de adultos.
Violación de derechos
Transgrede principios fundamentales como el interés superior del niño y las obligaciones internacionales asumidas.
Consecuencias sociales
Incrementa la violencia y el desarraigo juvenil, dañando la reinserción y exponiendo a jóvenes a ambientes peligrosos.
Contradicciones con la Constitución y tratados internacionales
Constitución Política del Perú
Reconoce la protección especial a los menores y prohíbe tratamientos que afecten su desarrollo integral.
Convención sobre los Derechos del Niño
Exige justicia penal especializada y diferenciada para adolescentes, basada en rehabilitación y reinserción.
Jurisprudencia del Comité de Derechos del Niño
Ha declarado incompatibles las penas de adultos para menores y demanda respuesta estatal adecuada a su condición.
Consecuencias negativas del enfoque punitivo
Falta de disuasión
El encierro severo no evita la reincidencia ni mejora el comportamiento juvenil.
Violencia institucional
Exposición a ambientes violentos, abuso y vulneración del bienestar psicológico.
Desarraigo social
Rompe vínculos familiares y sociales, dificultando la reintegración a la sociedad.
Alternativas efectivas a la mano dura
Medidas restaurativas
Fomentan reparación del daño y fortalecen la responsabilidad social del adolescente.
Programas educativos y ocupacionales
Imparten habilidades y generan oportunidades para la reinserción positiva.
Soporte psicosocial
Abordan problemáticas individuales que motivan la conducta delictiva.
Recomendaciones y desafíos para la justicia juvenil en Perú
1. Fortalecer la especialización
Capacitar a operadores de justicia en perspectiva de derechos y desarrollo adolescente.
2. Garantizar protección integral
Diseñar políticas públicas que prioricen la rehabilitación y prevención de la delincuencia juvenil.
3. Revisar la Ley 32330
Ajustar la normativa para cumplir con estándares internacionales y evitar vulneraciones.
Se requiere mirar más allá del castigo, con políticas integrales y multidisciplinarias para prevenir el delito juvenil.
La legislación penal debe ser una herramienta para la justicia social y no un instrumento de regresión que perpetúe heridas sociales en adolescentes, un grupo vulnerable al que se debe proteger y no criminalizar severamente.
Conclusión
La Ley 32330 que, bajo un enfoque de “mano dura”, autoriza el juzgamiento y la sanción de los adolescentes de 16 y 17 años como personas adultas, es absolutamente regresiva, incumple abiertamente las obligaciones internacionales del Estado y nuestra Constitución.
Asimismo, transgrede los derechos de los adolescentes, vulnera el principio del interés del niño, los arroja a un encierro que no disuade ni previene, y los expone a una violencia fuera de control de las autoridades y un desarraigo que, incluso, posteriormente podrá revertirse en contra de la sociedad que ahora se dice proteger con la promulgación de esta reprochable norma.