Protección Legal 360

Por Isamu Okuma.
MENOS SANCIONES, MÁS RIESGOS PARA LOS CONSUMIDORES
El allanamiento fue creado para agilizar los procedimientos sancionadores ante el Indecopi, pero su aplicación actual debilita la protección efectiva de los consumidores.
Cuando las empresas reconocen la infracción y reciben solo una amonestación, sin asumir costos ni corregir sus prácticas, el sistema pierde capacidad preventiva y disuasiva.
UN MECANISMO PARA ACELERAR CASOS
El allanamiento permite que un proveedor reconozca su responsabilidad en un procedimiento sancionador ante el Indecopi, obteniendo a cambio reducción de sanción —incluso hasta amonestación— y conclusión anticipada.
En principio es razonable si una empresa reconoce tempranamente la infracción, el procedimiento concluye más rápido y el consumidor podría obtener solución sin larga discusión administrativa.
El problema surge cuando se aplica de manera automática, sin evaluar rigurosamente la gravedad, reincidencia o daño al consumidor.
LA INFRACCIÓN COMO COSTE DE NEGOCIO
Desde la teoría de la disuasión, un sistema sancionador funciona cuando el coste de incumplir supera el beneficio de hacerlo. Si la sanción se reduce sustancialmente, el incumplimiento puede convertirse en un riesgo calculado.
Sin allanamiento
Coste esperado de infringir mayor que el beneficio. La empresa invierte en prevención.
Con allanamiento
Coste esperado de infringir menor que el beneficio. El incumplimiento se vuelve rentable.
UNA APLICACIÓN PREOCUPANTE: DATOS DEL INDECOPI
Durante 2023-2024, una parte importante de los casos fundados culminó mediante allanamiento, con amonestación como consecuencia principal.
Carta N.° 02946-2025-OAF/INDECOPI — OPS 1, 2 y 3; Comisiones de Protección al Consumidor 1 y 2.
Resoluciones OPS 2
Res. N.° 0441-2025
Res. N.° 0548-2024
Res. N.° 0309-2024
Resoluciones CC1
Res. N.° 0061-2024
Res. N.° 0991-2024
Res. N.° 1081-2024
Se identificaron casos bancarios con amonestación pese a tratarse de operaciones no reconocidas, falta de medidas de seguridad o cargos indebidos. También se observan patrones de reincidencia en entidades financieras que, acumulando múltiples infracciones, continuaron recibiendo el mismo beneficio.
EL CONSUMIDOR ASUME PARTE DEL COSTE
La exoneración del pago de costes cuando el proveedor se allana genera una carga injusta sobre quien sufrió la infracción porque invirtió tiempo, dinero y asesoría legal para activar el sistema, pero no recupera esos gastos.
Desincentivo a denunciar
Si reclamar cuesta más que el daño sufrido, muchos consumidores optarán por no denunciar.
Menos detección de infracciones
Se reduce la capacidad correctiva del sistema y se debilita la función protectora del Indecopi.
EL PROBLEMA EN CASOS DIFUSOS Y COLECTIVOS
Permitir beneficios automáticos en denuncias colectivas vacía de contenido la función preventiva y ejemplificadora de estas acciones. Además, la existencia de criterios distintos dentro del propio Indecopi genera inseguridad jurídica.
Algunas instancias aceptan de manera rebelde a su superior jerárquico el allanamiento en casos colectivos, mientras la Sala Especializada en Protección del Consumidor, máxima instancia del Indecopi, lo rechaza. Esa falta de predictibilidad afecta tanto a consumidores como a proveedores.
HACIA UN MODELO EQUILIBRADO
El allanamiento, bien regulado, puede seguir siendo útil. Se propone un modelo condicionado, proporcional y orientado al cumplimiento preventivo:
Amonestación condicionada
Reservada para proveedores sin reincidencia y con reparación efectiva del daño.
Sanciones pecuniarias
Las infracciones moderadas o graves deben recibir sanción económica, aun con allanamiento.
Reembolso de costes
El proveedor debe reembolsar los costes razonables asumidos por el consumidor cuando la denuncia sea fundada.
Exclusión en casos colectivos
No aplicable en derechos difusos o colectivos promovidos por asociaciones de consumidores.
Medidas correctivas verificables
El beneficio se condiciona a programas de cumplimiento y compromiso de no reincidencia.
CONCLUSIÓN
El allanamiento debe ser una herramienta de eficiencia, no una vía para reducir el coste de incumplir la ley.
Un sistema de protección al consumidor eficaz se mide por su capacidad para modificar conductas, reducir la reincidencia y garantizar relaciones de consumo más justas, no solo por resolver expedientes. Reformar el allanamiento bajo criterios de proporcionalidad, reparación y cumplimiento preventivo equilibraría la celeridad procesal con la finalidad del Derecho del Consumidor, el cual es proteger a la persona frente a las asimetrías y fallas del mercado.